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Una denuncia anónima acusó en 2005 a 15 médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), acusados de haber cometido “400 homicidios” en el servicio de urgencias. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, dio pábulo a la denuncia, destituyó a cinco jefes y tres supervisores y el caso llegó a los tribunales. Tres años después, la Audiencia Provincial de Madrid no solo archiva el caso, sino que sentencia que no hubo mala praxis médica.
Detrás de esta infame caza de brujas no está sino la intención del Gobierno de Esperanza Aguirre de acabar con el sistema público de salud, gratuito y universal, para entregarlo a manos privadas.
Durante todo este tiempo, unos profesionales de la salud pública han sido vilipendiados, acosados y vejados, y el sistema sanitario puesto en duda por los responsables políticos de la Comunidad de Madrid, con su Presidenta a la cabeza de la campaña de mentiras y descrédito.
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